Carta pastoral colectiva del episcopado católico de Filipinas sobre las elecciones

Cuando el Apóstol San Pablo recibió las nuevas de que en el seno de la Iglesia de Corinto se habian formado varios bandos que amenazaban concluir con los vinculos de la caridad, caracteristica del pueblo de Dios, les escribió una carta de firme y paternal admonición en la que les decía: “He sabido, hermanos, que entre vosotros hay discordias y que cada uno dice: Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Por ventura está dividido Cristo? O ha sido Pablo crucificado por vosotros?”

No cabe duda que, debido a la limitación de la inteligencia y de la voluntad humanas, las diferencias de opinion y de sistema son inevitables en toda sociedad; pero, tratándose de cristianos y aun de aquélos que, sin serlo, simpatizan con los pricipios del Cristianismo, nunca deberián existir desaveniencias que no pudieran resolverse amistosamente, ni antagonismos que pudieran hacernos olvidar nuestro común origen y destino como hijos del mismo Dios y hermanos adoptivos del mismo Señor y Salvador nuestro: Jesuscristo.

Se avecina ahora, en Filipinas, el acontecimiento importantísimo de las elecciones generales, y la consiguiente rivalidad de partido ya se ha llevado hasta el extremo. Cierto que esta rivalidad, considerada en si misma, es un buen indicio, expresión del creciente interés de nuestro pueblo en los problemas públicos e indice de nuestra marcha progresiva hacia la plenitud de la madurez política. Pero, puesto que tales efervescencias pre-electorales llevan siempre consigo el peligro de disensiones cívicas y desunión nacional, nada parece más oportuno que la intervención de una influencia moderadora que deje sentir su valimiento competente para apaciguar los ánimos enardecidos, y asegurar que los sanos principios de la prudencia y ética cristianas predominen en la conducta general de las elecciones, sobre todo odio de partido y sobre toda enemistad personal.

Un Llamamiento Imparcial.

Animados de estos sentimientos,os dirigimos esta carta pastoral haciendo Nuestras aquellas palabras del gran Apóstol de las Gentes: “Os rogamos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hableis igualmente, y no haya entre vosotros cismas, antes al contrario, seais concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir.” (I Cor. 1, 10).

Esperamos, pues, que este Nuestro mensaje lo recibais con el mismo espíritu con que os lo envíamos. Todos sabeis cómo Nuestro carácter de Obispos consagrados de la Iglesia Universal nos coloca en un plano superior a toda agrupación política. Nosotros ni favorecemos, ni rechazamos ninguno de los partidos legítimos y, en realidad, siempre hemos sido sumamente cautelosos contra toda intervención de carácter exclusivamente politico. Por tanto,si ahora dejamos oir nuestra voz, no es – y hagamos esto claro para siempre – con el fin de favorecer a ninguna de las facciones sobre las demás, sino más bien para garantizar, en lo que esté de Nuestra parte, el que todos se conformen a los eternos principios de conducta humana que son la base de toda vida social y política.

Enunciado de Principios.

Las dos piedras angulares de toda comunidad bien organizada son la Caridad y la Justicia. La Justicia ha sido bien definida como la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo que le es debido. Toda persona posee ciertos derechos que son como inherentes a la misma naturaleza humana. Y estos,son de tal carácter, que nadie puede ser despojado de ellos – aun con su conocimiento – pues semejante atropello equivaldría a desposeerle de su personalidad. Por eso se llaman inalienables y, así, por ejemplo, en el Acta de Declaración de la Independencia Americana se enumeran como el derecho a la vida, a la libertad y a la consecución de la felicidad.

Sabiamente quiso Dios – el Autor de la Naturaleza – salvaguardar esos derechos y proteger su existencia y su debido ejercicio instituyendo la sociedad civil. El fin pues,de la sociedad civil no consiste en la glorificacion o engrandecimiento de una entidad fabulosa extraña o superior al pueblo – cualquiera que sea el nombre de la entidad: Estado, Nación o Raza; ni consiste en la adquisición de un paraiso terrenal igualmente mitológico como el que nos presentan en la sociedad de los comunistas, sino que, más bien consiste en que se haga justicía a todos o sea que cada uno de los miembros de la sociedad consiga lo que se le debe: es decir el respeto a sus derechos inalienables. De ahí que sea la justicia la suprema virtud que se deba buscar en los gobernantes de una comunidad bien establecida.

Ahora bien, los gobernantes de una república democrática como Filipinas son los mismos ciudadanos, como un cuerpo, entendiendo aquí por gobernantes aquellos en quienes reside la autoridad política de un modo estable y completo. En eso estriba la diferencia entre la democracia y las demás formas de gobierno, en que es “el gobierno en el que la universalidad de los ciudadanos ejerce la soberanía” y en el que no se da distinción esencial entre señores y vasallos, gobernantes y gobernados.

La experiencia sin embargo, ha demostrado, que cuando la república es una nación integrada por millones de habitantes que ocupan un extenso territorio, éstos no pueden ejercer esa soberania por sí mismos, sino por medio de delegados a los que eligen para administrar la autoridad soberana en su nombre.

Estos representantes del pueblo y ejecutores de su autoridad no son inamovibles; más bien son delegados por un periodo de tiempo, marcado por la ley fundamental, o por la Constitución de la República, al fin del cual, el pueblo ejerce de nuevo el derecho de las urnas para determinar si desea retener en sus cargos a los que les venian representando, o si desea depositar su confianza en otros nuevos.

Elecciones Libres.

Es evidente, por todo lo que llevamos dicho, que los fines de la justicia no se podrán conseguir a menos que se conceda al pueblo una perfecta expresión de su voluntad,por medio de unas elecciones limpias y libres. Indudablemente que cualquier caudillo político, si ha de ser digno de tal nombre, fácilmente puede ver que violar el secreto de la balota electoral, o adulterar el resultado de las elecciónes, equivale a descargar un golpe de gracia en la misma médula del sistema democrático. Nos resistimos a creer que ninguno de los jefes políticos pudiera ni siquiera pensar, en atacar o minar de alguna manera, la sagrada libertad de las urnas.

No obstante si alguno hubiere que tal intentare, queremos hacer constar que esa persona cometería un grave delito contra la ley fundamental de nuestra República, contra el derecho establecido de todos sus ciudadanos y contra la seguridad misma de la Nación. Ciertamente que Dios no dejará de castigar – si el Estado no lo hace – a cualquiera que, llevado de consideraciónes personales o partidistas, se rebajara hasta el punto de impedir o frustrar el libre y limpio sufragio, privando, de este modo, a la voluntad del pueblo, de su decisión y, a los que el pueblo escogió como sus delegados, de sus puestos legalmente adquiridos.

La Obligación de Votar.

Por otra parte, el voto no es un mero derecho que se debe proteger: Es una obligación que se ha de cumplir. Todos los ciudadanos debidamente cualificados de una república democrática tienen la obligación de votar y la de votar a aquellos candidatos que, según su honrada opinión, están mejor capacitados para desempeñar los deberes del puesto a que son elegidos. Esta obligación puede llegar a ser una obligación grave – que se debe cumplir bajo pena de pecado mortal – cuando se de el peligro de que hombres malos pudieran obtener las riendas del gobierno, por culpa nuestra de no decidirnos a votar en contra de ellos.

No se lograrán los fines de la justicia, a menos que sean excluidosas de los cargos públicos los hombres de esa índole y se ponga en ellos hombres honrados: y si, así, se malogra la justicia, quedarán derogados el fin y propósito de la sociedad civil y nuestra República será llevada al borde del abismo. Por lo tanto no se debe consentir en que nunguna otra consideración se sobreponga a este imperativo supremo de la conciencia social y política. Que el ciudadano otorgue su voto a aquellos candidatos, que, dada su ejecutoria política en el pasado; su vida, privada o pública; su norma de conducta y sus opiniones, implícitas o declaradas, ofrezcan las mejores garantías para hacer creer que la dispensación de la justicia, a todos por igual, será el móvil inquebrantable de su administración.

Límites de la Lealtad.

De una manera especial debe precaverse todo elector para que los móviles de lealtad personal o de partido, los sentimientos de gratitud por favores o promesas recibidos no anublen su juicio al considerar la competencia y las aptitudes morales de cada candidato. La lealtad y la gratitud son dos magnificos virtudes que nosotros los Filipinos hemos tenido siempre en gran estima. No obstante no hay que olvidar que estas dos virtudes, como las demás, tienen una jerarquía de valores y de objectivos que han de respetarse con el fin de que la virtud no degenere en vicio. Y así sería una inversión del orden debido y una patente violación de la justicia el anteponer la fidelidad debida a una persona, o a un partido, a la lealtad que se debe a toda la nación. Las necesidades é intereses de la comunidad tienen preferencia sobre el interés y beneficio de una parte de la misma y “a fortiori” sobre el logro de cualquiera de sus individuos.

Y no se debe llegar a creer que es ingratitud, perfidia o traición el negar el apoyo político a un jefe o partido determinado, por razones del interés común de la nación. Nunca se identificó, ni se podrá jamás identificar, un jefe o partido político con la Nación como un todo. Por eso, al jurar lealtad a un partido político o a su caudillo, siempre se entiende, implícita o expresa, la salvedad de que tal alianza no será jamás en detrimento de la fidelidad, más fundamental, con que uno está ligado a los verdaderos intereses del pueblo.

Esto, no obstante, no debe tomarse como una justificacion de las defecciones en la fidelidad a un partido que son únicamente motivadas por el oportunismo, o son el resultado de intrigas o pactos secretos que reflejan el deshonor, no solamente de los individuos envueltos, sino del sistema de partido en general. Este sistema de partido si está bien organizado y se lleva como es debido, es uno de los mejores y más fuertes baluartes del gobierno democrático. Pero esta organización y dirección no podrá existir debidamente si no es encuadrada dentro del ambiente de lo que pudiéramos llamr amistad civica, lo cual nos da pie para entrar en nuestra segunda consideración: la caridad, constituyente esencial de una communidad bien establecida.

Caridad Civica

Es muy de esperar, como cosa natural, que rivalidad de los partidos políticos en unas elecciones reñidas produzca cierto grado de acaloramiento. No obstante, no se debe tolerar que esta competencia, por otra parte necesaria, llegue al extremo de poner en peligro la unidad esencial de la nación y, para esto, ayudará el recordar que, aunque los partidos políticos puedan diferenciarse en muchas cuestiones, siempre están, o deben estar, en perfecta armonía y acuerdo en cuanto a los objectivos fundamentales, que son el servicio y la cooperación al progreso de la república a que pertenecen, en conformidad con los principios y postulados de su Constitución. Este es aquel vínculo de amistad cívica, o caridad, que nos une a todos juntos en un solo pueblo, y si bien recapacitamos en ello, luego repararemos en lo absurdo y peligroso que es el que los miembros y jefes de un partido consideren a los contrarios como a sus enemigos mortales. No puede existir, no debe existir, ningún punto de enemistad o de odio entre los distintos partidos, por la misma razón que no se da entre los hijos de una misma familia, aunque entre ellos pudiera haber distintos puntos de vista.

Sería de un efecto verdaderamente funesto el que llegara a generalizarse, entre nosotros, la idea de que las rivalidades políticas constituyen una especie de lucha a muerte, cuya meta suprema es el triunfo de un partido y la aniquilación completa de los demás. Esta sería la atmósfera natural é inevitable de la política de un pueblo que hubiera perdido toda sensación de los valores espirituales: pero nosotros pertenecemos a una nación Cristiana en la que la base inconmovible de la unidad no es otra que la hermandad de todos los hombres, bajo la paternidad de Dios, hermandad que, según la doctrina Católica, no es una mera ficción de derecho, sino una realidad supernatural que deriba del bautismo, por medio del cual, todos renacemos en Cristo y, en El, fundamos una unión más fuerte que la de la carne y de la sangre.

En interés, pues, de esa amistad cívica, reflejo de la caridad sobrenatural de la Iglesia, Nosotros apelamos a todos los ciudadanos católicos para que refuerzen la resistencia de toda la comunidad en contra de cualquier tentativa de sembrar la semilla de la discordia entre nosotros, o de privarnos de la libertad sagrada de escoger aquellos que han de ejercer la autoridad en nuestra República. Especialmente las organizaciones de la Accion Católica están llamadas a prestar un señalado servicio a la Nación, colaborando,con todo tesón, con otras organizaciones imparciales con el fin de evitar las luchas de partido y garantizar le libertad del sufragio.

Hacemos este llamamiento en el Dulcísimo nombre de Marta, Madre de Dios, en cuya festividad expedimos esta pastoral. Ella es la Patrona de Filipinas: Que Ella vele por nosotros, como siempre lo ha hecho, en este momento transcendental, que muy bien podría ser uno de los más decisivos de nuestra historia!

12 de Septiembre de 1953.

Fiesta del Dulcisimo Nombre de Maria.

+JULIO ROSALES, D.D.

Arzobispo de Cebú

+SANTIAGO SANCHO, D.D.

Arzobispo de Nueva Segovia

+JAMES T.G. HAYES, SJ, D.D.

Arzobispo de Cagayan

+PEDRO P. SANTOS, D.D.

Arzobispo de Nueva Cáceres

+JOSE MA. CUENCO, D.D.

Arzobispo de Jaro